Un primer caso puede ser el de una propiedad que pertenece a uno sólo de los cónyuges desde antes del matrimonio, y en la cual residen hijos de la pareja. En caso de divorcio, y a falta de acuerdo entre las partes (fijado en el convenio regulador), el juez asignará el uso de la vivienda familiar al cónyuge al que se atribuya la custodia de los menores, por el plazo de tiempo relacionado con las circunstancias que motivan la decisión de la custodia.

En tanto, el otro cónyuge deberá abandonar la residencia familiar. Sin embargo, la atribución de uso no afecta a la titularidad del bien, ya que el propietario deberá seguir abonando los impuestos y demás. Para venderla, hipotecarla o alquilarla, en cambio, será necesario el acuerdo de ambos cónyuges, aunque no sean propietarios los dos.

Otro caso importante puede ser el de un propietario que ha alquilado su inmueble a una pareja que se va a separar. Sin importar quien haya suscripto el contrato de alquiler, la persona a quien durante el proceso de divorcio se le confiera el uso de la vivienda podrá seguir usando la misma, aunque no sea titular del contrato.

De esta forma, se produciría una subrogación en la persona del inquilino, manteniéndose el contrato en las mismas condiciones pactadas de antemano, en cuanto a los tiempos, los valores de la renta, etc. Por el contrario, si la persona beneficiada en el divorcio con la tenencia de la vivienda no quiere seguir arrendándola, deberá arreglar con el propietario su situación, ya que de lo contrario el mismo podrá seguir exigiendo el pago del alquiler hasta que concluya el acuerdo.

Como hemos podido apreciar, se trata de situaciones muy complejas que de ningún modo serán de fácil y rápida resolución. Sin embargo, siempre es conveniente estar informado y al tanto de estas cuestiones por si en algún momento debemos estar implicados en ellas de alguna forma.

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