Según comunicó la UCE a los medios de prensa, la actual legislación exige solamente la contratación junto a la hipoteca de un seguro de incendios, cuando en la práctica las diferentes entidades financieras obligan al solicitante de la hipoteca a responsabilizarse de varios productos de su cartera.

En el marco del estudio “El coste de la intermediación inmobiliaria”, especialistas de la UCE calificaron de “malas prácticas” la exigencia al usuario para contratar servicios que no están directamente relacionados con las hipotecas. Para esta organización, los bancos aprovechan el momento de la solicitud para comercializar en forma compulsiva gran parte de su cartera de productos financieros.

De esta forma, la contratación de un seguro de vida, de incapacidad temporal, de desempleo, de prima fija, de defectos constructivos o el plan de pensiones ya vienen “anexados” con la hipoteca, a modo de un paquete de servicios sobre el cual el usuario, en la mayoría de los casos, poco puede hacer y decidir.

Asimismo, para la UCE tampoco es obligatorio según la legislación española domiciliar nóminas, recibos de pago o contratar otros servicios como la suscripción de tarjetas de crédito en el momento de concretar una hipoteca, como sucede actualmente en la mayoría de las entidades bancarias.

Por último, también se destacó que la exigencia de avales personales y otras garantías suponen demasiados inconvenientes para el usuario, ya que solamente se busca respaldar la garantía del banco, y no se tienen suficientemente en cuenta las necesidades y requerimientos de los clientes.

El esquema en cuestión culmina en una ecuación que sólo beneficia al banco, ya que el mismo obtiene garantías de cumplimiento mayores a las habituales o necesarias y, además, gana los beneficios relacionados con la contratación de los distintos servicios, que corren totalmente por cuenta de cada usuario.

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